El colectivo Limando Rejas* expresa
enfáticamente su rechazo a la Resolución nro. 557, dictada por el Director
Nacional del SPF Emiliano Blanco, que dispone la reubicación de las mujeres
alojadas en un sector de la Unidad 31 de Ezeiza, a los fines de alojar
transitoriamente allí a personas detenidas por haber cometido crímenes de lesa humanidad, hasta tanto
se les construya para ellos “una residencia específica”.
La resolución adoptada por SPF utiliza argumentos vinculados con
el crecimiento de la población detenida por este tipo de delitos, y con la
conveniencia de que la misma esté alojada cerca del Hospital Penitenciario.
Estamos convencidos de que la salud y la vida constituyen derechos
inherentes a las todas las personas y no privilegios para unos pocos. El estado
tiene la obligación y el deber de garantizar estos derechos sin
discriminación alguna.
Es de público
conocimiento el hacinamiento de las
cárceles y la falta de acceso a la salud de la cual es víctima la gran
mayoría de las personas privadas de la libertad. El año pasado Limando
Rejas de manera conjunta con las mujeres alojadas en el CPF IV Ezeiza
presentó una nota ante la Dirección Nacional del SPF denunciando los problemas
más relevantes de salud que las mismas sufren cotidianamente.
De la resolución cuestionada se desprende que el SPF está finalmente
admitiendo que la lejanía respecto del hospital implica una dificultad para
acceder a la salud. En este sentido, la medida adoptada va en detrimento de los
derechos de otras personas detenidas que padecen enfermedades y dolencias,
incluso de gravedad, y requieren la misma o mayor atención médica.
La resolución se refiere a quienes
fueron parte de la dictadura cívico militar empresarial y eclesiástica como una
“categoría de internos” que
mantienen un “bajo nivel de conflictividad”
calificándolos así positivamente y otorgándoles un trato diferencial respecto
del resto de la población penitenciaria, vulnerando de este modo el derecho a
la igualdad.
Por último, nos oponemos al modo en que fueron efectivamente realizados los traslados
de las mujeres afectadas: de modo intempestivo, en horas de la madrugada,
durante el fin de semana, por personal masculino armado, sin informar el
destino ni permitirles los más mínimos preparativos, tales como comunicar
telefónicamente a familiares, abogados/as defensores y organismos de derechos
humanos respecto de su traslado o llevar consigo sus efectos personales. A eso
debe sumársele las requisas denigrantes a
las que fueron sometidas las mujeres al ingresar al Complejo Penitenciario
Federal IV, que incluyeron, entre otras cosas, la inspección vejatoria de sus
cavidades genitales.
Por todo lo expuesto, Limando
Rejas repudia esta resolución y estas prácticas de la agencia
penitenciaria, que son avaladas directa o indirectamente por la agencia
judicial -al no controlar los traslados en forma previa a su efectivización- y
que producen lesiones graves a los derechos humanos de las personas privadas de
la libertad.
*Limando Rejas forma parte de la organización política Usina y es un colectivo conformado por personas
que están o estuvieron privadas de la libertad, estudiantes de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, abogados y docentes, comprometidos con la disputa
en favor del efectivo cumplimiento de los derechos de quienes viven o han
vivido el encierro carcelario.
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